Entrevista a  Miriam Zaitegui-Pérez: “No solo se pueden aprovechar más el viento y el sol; se tienen que aprovechar mejor”

¿Cuál es el papel de la población de a pie ante el cambio climático?

Estamos en un momento de crisis ambiental y social evidente donde los pronósticos del IPCC se están adelantando. Es imposible hacer política eficiente en este contexto sin contar con la población. Además de diseñar acuerdos y normas de política pública con y desde la ciudadanía, habría que acabar con el conflicto, no del todo real, entre activismo e instituciones públicas. Los movimientos sociales, la sociedad civil, las ONG son agentes democráticos indispensables y los logros políticos son mayores cuando las instituciones públicas escuchan a esos agentes. Ejemplos de diseño de política pública con personas existen en todo el mundo y han probado su eficacia. La adaptación al cambio climático no es sólo climática, es también social. Allí donde haya más infraestructura social más capacidad de adaptación habrá. Esto, además, es una forma de legitimar la política pública, al conectar la iniciativa ciudadana con las instituciones y empresas. En 2019, el Pew Research Centre, concluyó que la desconfianza en el sistema democrático era común en todo el mundo. Por lo tanto, es indispensable crear vías de gobierno abierto en el que la población pueda ser lo que Elinor Ostrom denominó “emprendedores públicos”, tanto fuera como dentro del gobierno. Las asambleas sobre el clima u otras iniciativas como la iniciativa legislativa popular (ILP) para otorgar al Mar Menor [una laguna salada, en el sureste de la comunidad autónoma de Murcia (España), separada del mar Mediterráneo por La Manga, un banco de arena de 22 kilómetros] de personalidad jurídica propia, demuestran el valioso papel que la población puede jugar en la política pública.

El 1% de la población mundial más rica genera más emisiones de gases de efecto invernadero que el 66% más pobre. ¿Cómo conseguir que esa minoría multimillonaria asuma su responsabilidad?

Hay una tendencia de ese 1% a hacerse responsable de la financiación de la transición ecológica y esto no es casual. En 2006, ya se abogaba por esta inversión, en el Informe Stern, donde se indica: “Los beneficios de la adopción de medidas prontas y firmes sobre el cambio climático superará con creces los costes”. Es decir, la adopción de medidas climáticas, en el medio y largo plazo, es un motor de desarrollo económico para todos los países, también los más pobres. Lo estamos viendo ahora con la sequía y sus consecuencias socioeconómicas, pero se puede demostrar en casi cualquier ámbito. Hay que tratar el cambio climático como una externalidad que ayude a financiar la transición. Ese 1% lo sabe. En Davos se presentó una iniciativa liderada por multimillonarios de 17 países, “Proud to pay more”, donde se instaba a la clase política a subir los impuestos a las grandes fortunas para así transformar “la improductiva riqueza privada” en una inversión democrática de futuro, ya que son conscientes de que la creciente desigualdad y el cambio climático son agentes de inestabilidad mundial. La transición energética requiere de financiación y el dinero está  yendo hacia ahí porque es la inversión del futuro. Un sistema fiscal justo y verde es requisito indispensable en este proceso. Pero hay un capital que va en contra: el de las grandes empresas de combustibles fósiles, principales responsables de esta crisis, que deben afrontar de forma urgente la transición energética más profunda de nuestro sistema productivo. En ese sentido, la COP28, ha lanzado un mensaje contundente (aunque insuficiente) a los inversores: “Eliminar lo antes posible las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas”.

Aunque parece haberse logrado cierto consenso sobre la necesidad de poner en marcha medidas para frenar el cambio climático, cuando se habla de estrategias económicas sigue habiendo ciertas reticencias. ¿Qué beneficios puede una economía verde que se aparte del producir-usar-tirar?

La economía verde tiene potencial para transformar los trabajos basados en combustibles fósiles y crear nuevos sectores económicos, lo que implica un cambio de prioridades en ciertas áreas. Por ejemplo, el sector automovilístico va a crecer en la producción y mantenimiento de baterías mientras que el sector de la construcción tiene una gran proyección en la rehabilitación energética. Son actividades económicas que generan beneficios, empleos y al mismo tiempo reducen drásticamente las emisiones de CO2. Para ello, es necesario acompañar y formar a los trabajadores y trabajadoras para que este cambio sea justo y se dé una sustitución (en iguales o mejores condiciones) de los empleos actuales. Al mismo tiempo, una economía verde pondrá más énfasis en los servicios ofertados que en la producción de materiales, para transformar una economía lineal en otra más circular. El foco en la eficiencia y la circularidad contribuye a una reducción en la demanda de materias primas, dotando de mayor seguridad en la cadena de valor y una mayor independencia energética y material de terceros países. Para apoyar este proceso, será necesaria la financiación verde. La colaboración de los gobiernos y del sistema bancario es esencial en este proceso.

¿De qué manera pueden las organizaciones involucrarse en la transición ecológica? 

La transición ecológica debe leerse en términos de oportunidad para el sector privado. Si queremos cumplir con la descarbonización de la economía en el horizonte 2050 es necesario un plan de acción que les permita aprovechar las ventajas de la transición gracias a una energía más limpia y más barata que permita dinamizar el tejido productivo. Además, apostar por energía renovable asegura el suministro energético y ofrece estabilidad en los precios de producción al no depender de terceros países y eso, por supuesto, se traducirá en una mejor economía de la ciudadanía. Implicarse en la transición ecológica es ir a donde el mercado va, ocupar nichos vacíos, desarrollar productos y know how antes que competidores. La carrera de fondo la va a ganar quien sea capaz de trabajar a favor de la transición, no quien se aferra a un sistema productivo caduco. Tampoco hay que olvidar, en este ámbito, a los sindicatos. Si el cambio climático atraviesa todos los aspectos de nuestra sociedad el trabajo no es ajeno a ello. La promoción de negociaciones colectiva verdes, que garanticen a los y las trabajadoras protección y capacidades en este contexto de transición es, también, indispensable.

Y las plataformas tecnológicas, ¿pueden de alguna manera contribuir a la conservación del medio ambiente? 

Sin duda, tienen el potencial de contribuir a la protección del medio ambiente: intercambios de buenas prácticas, creación de redes dentro del sistema productivo, movilización ciudadana, creación de sistemas de predicción, sistemas de alerta de especies invasoras o meteorológicas, promoción de negocios sostenibles, etc. Las posibilidades son infinitas, pero hay que tener precaución en su uso y en lo que denominamos tecnología verde; no olvidemos que tecnologías como la IA pueden facilitar muchos procesos de transición pero también tienen un alto coste energético y consumen muchos recursos naturales. Vivimos en unos años en los que la guerra por el relato domina gran parte de la política y en esta guerra las compañías tecnológicas que controlan las principales redes sociales tienen un papel clave en garantizar que esa disputa se establezca en base a evidencias contrastables. La cantidad de noticias falsas, no sólo sobre cambio climático sino también sobre las soluciones al mismo, enturbia el debate y es responsabilidad de las empresas limitarlas y combatirlas. Otra parte esencial discurre en términos de cambio cultural: mucho de lo que hacemos y decimos está influido por narrativas que se establecen en productos culturales de gran consumo, como pueden ser las series. Actualmente, el cambio climático está ausente de esas narrativas y cuando aparece el tratamiento es desde el colapso, sin ofrecer alternativas. Esto inmoviliza tremendamente a la sociedad y es contraproducente. Hay que crear imaginarios de futuros que no son sólo posibles, sino también deseables.

A nivel práctico, ¿qué se necesita para que las empresas sustituyan los combustibles fósiles por fuentes de energía renovable? 

El apoyo a las renovables debe ir acompañada por una apuesta de la electrificación de la economía, desde las empresas a los grandes procesos industriales, siempre unida a un aumento en la eficiencia energética. Actualmente, necesitamos objetivos más claros de electrificación para asegurar que el mercado está preparado para absorber toda la energía renovable que se produce. A pesar de esto, existen ciertas actividades económicas que no se pueden electrificar, puesto que necesitan temperaturas que son inalcanzables para la electricidad u otras formas de energía descarbonizada como la energía solar térmica de concentración, geotérmica, bombas de calor o la biomasa residual de la propia industria. Aquí es donde juega un papel central el hidrógeno verde, que debe ser usado específicamente en aquellas actividades que no son electricables como el transporte pesado, la aviación, industria metalúrgica, combustible marítimo o la industria fertilizante.

En aquellos países del mundo donde el sol y el viento son elementos naturales muy presentes, ¿cómo se podrían aprovechar más? 

Puede convertirse en un foco de atracción de industria y empleo debido a su potencial de producción de energía renovable. El medio rural en particular tiene una gran oportunidad para contribuir a esta transición: recursos, espacio, actividades enraizadas (agricultura, ganadería, manejo forestal…) que permitan aprovechar el Pacto Verde como palanca de cambio hacia un nuevo modelo económico y social. La transición energética debe ser justa no sólo social sino también territorialmente. Por tanto, debe hacerse atendiendo a las necesidades específicas para construir un futuro deseable de las zonas rurales (que también será un futuro deseable para las ciudades) con todos los actores implicados: hacer que todas las visiones territoriales, políticas, profesionales, activistas y ciudadanas sean escuchadas y asegurando que los beneficios de la transición sean repartidos. Hay múltiples ejemplos de buenas prácticas, recogidos por diversos actores de la sociedad civil, en los que el beneficio económico, social y ambiental es compartido por ciudadanía y empresas. Para llegar a este beneficio compartido, otros proyectos están siendo pioneros en la puesta en práctica de metodologías de diálogo para asegurar que la transición se lleva a cabo de una manera justa. Volviendo a la pregunta, no solo se pueden aprovechar más el viento y el sol; se tienen que aprovechar mejor.

*Miriam Zaitegui-Pérez es la directora del Programa en España de la Fundación Europea por el Clima (ECF). Su bagaje laboral ha contemplado distintos ámbitos, entre ellos, el de la cooperación al desarrollo, lo que le permitió estar al frente de distintos proyectos en países como Cuba, Marruecos o Colombia. Actualmente, su carrera se centra en las políticas de cambio climático.